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2.2.- Lo simbólico y lo real acerca de la nacionalización de los servicios públicos

La nacionalización de los servicios públicos es uno de los baluartes de la plataforma electoral triunfante en los comicios nacionales del 24 de febrero de 1946, eje vertebrador de la proclamada independencia económica y un aspecto sustancial de la "lucha antimperialista" impulsada por el peronismo. En ese mismo año es cuando se inician las gestiones diplomáticas y económicas para nacionalizar los ferrocarriles de propiedad británica y el 1° de mayo de 1947 -cuando caducan las exenciones a favor de estas empresas acordadas por la "Ley Mitre" de 1907- el Presidente Juan Perón inaugura las sesiones legislativas ordinarias dando cuenta de la culminación exitosa de las negociaciones entre el I.A.P.I. y los representantes de los ferrocarriles anglo-argentinos.

El 13 de febrero de 1947 la compra de las vías ferroviarias británicas en £135.500.000 y la adquisición de bienes y propiedades en el país de compañías asociadas y subsidiadas por £14.500.000 ( un total de m$n 2.482.500.000) es un hecho y cumple -en palabras de Perón- con la "realización máxima de los anhelos patrios en el orden de la recuperación económica". Al decir de Mr. Ryan, el representante de la misión británica, con esta transferencia se cierra formalmente un "período de noventa años de vinculación de los empresas de capital británico en la República Argentina".

El Presidente de la República hace de la "reconquista de los servicios públicos" una bandera doctrinaria, un puntal en la lista de logros de su gestión y un emblema de su política nacionalista y popular de independencia económica. Su mensaje a toda la sociedad es claro en ese sentido cuando explicita que "no se podía dejar en manos extranjeras, un elemento tan importante para la defensa de la Nación". Nada dice -en cambio- de los reiterados intentos británicos para fusionar sus empresas ferroviarias, de la caída de la inversión en este rubro y de los deseos empresariales por liberarse del por entonces poco redituable negocio del riel.

Ningún discurso recoge el contenido de la nota que el 11 de marzo de 1947 el ministro Ramón Cereijo enviara al titular de la cartera de Obras Públicas General (R) Juan Pistarini, donde se reconocía la difícil situación financiera de la Administración General de los Ferrocarriles del Estado, "cuyos recursos actuales resultarán insuficientes -reconocía Cereijo- para solventar los gastos de explotación". El déficit se prevee entonces en unos m$n 73.400.000.

Por otra parte, el precio pagado por los ferrocarriles es materia opinable y nutre el discurso de los opositores. Es más en el corto plazo da origen a diversas opiniones historiográficas sobre la cuestión. Aquéllos no retacean calificativos para poner de relieve la escasa conveniencia económico-financiera del negocio e indicar que la "ley Mitre" ( número 5315 de 1907) es la que establece el derecho de expropiación por el monto del capital reconocido más un 20%. Las devaluaciones monetarias argentinas ocurridas a ritmo más o menos sostenido desde 1935, hace difícil que se respete el valor de los ferrocarriles declarado en el decenio de 1920. La inflación altera los valores de todos los bienes de capital, a lo cual se añade la depreciación por el uso y la vida útil de los bienes que el Estado argentino pretende enajenar. En 1945 el Buenos Aires Herald informa que los capitales británicos invertidos en líneas ferroviarias que se explotan en la Argentina alcanzan a 277 millones de £; es decir, casi el doble de la suma pagada por el gobierno argentino. De todos modos, la especulación en acciones y su traspaso a manos de interesados en la venta de los ferrocarriles, no pueden ignorarse.

Al momento de concretarse la transacción, la situación económico-financiera del Reino Unido es difícil. En medio de un clima próximo a la cesación de pagos, el 20 de agosto de 1947 suspende la convertibilidad de la libra esterlina a otras monedas. La Argentina teme por sus 40 millones de £ bloquedas y la compra de los ferrocarriles se advierte como una operación redituable económica y políticamente para el Estado peronista. Más allá de lo equitativo o no del precio pagado por los ferrocarriles ingleses, la Argentina abona por ellos el precio convenido haciendo uso del derecho de expropiación pero como resultado de la libre negociación.

Completa con esta operación la adquisición de los ferrocarriles extranjeros que iniciara el 17 de diciembre de 1946 al comprar los activos físicos, directos e indirectos, existentes en el territorio argentino de las compañías ferroviarias de capital francés: la Compañía General de Ferrocarril de Santa Fe y la Compañía de Ferrocarril de Rosario a Puerto Belgrano. El precio global de los bienes se fija en m$n 182.796.173,98, que debe pagarse mediante acreditación en una cuenta especial abierta a nombre del Gobierno francés en el Banco Central de la República Argentina; asegurando el Estado argentino la transferencia a Francia en francos franceses al tipo de cambio vigente en el mercado libre. Entre 1946 y 1949 nuestro gobierno adquiere la totalidad del capittal accionario de 15 empresas ferroviarias de capitales británicos (12) y franceses (3).

La compra que insume buena parte de las divisas argentinas atesoradas durante la Segunda Guerra Mundial, responde a los principios de la doctrina peronista de lograr una Argentina "socialmente justa, políticamente libre y económicamente independiente", y en ese sentido, la nacionalización de los ferrocarriles contribuye a esos logros y se solidariza con los principios sustentados por algunos representantes del amplio espectro político nacional como Alfredo Palacios, Osvaldo Magnasco, Estanislao S. Zeballos, Celestino L. Pera, Pablo Nogués, entre otros.

La nacionalización de otros servicios públicos: gas, teléfonos, energía; la creación en 1946 de la Dirección de Centrales Eléctricas del Estado que el Plan Quinquenal transforma en Dirección Nacional de la Energía de la cual surgen otros entes autárquicos, consolida la envergadura del programa de nacionalizaciones del Estado peronista, que tres años más tarde se preservan a través del artículo 40 de la flamante Constitución Nacional de 1949. La prestación de los servicios públicos es valorada como "una de las funciones principales del Estado, garante del bien común" y su nacionalización se percibe como una medida "aconsejada por razones políticas, como la seguridad del Estado, y por consideraciones económicas, como el acrecentamiento de la producción [...] y un instrumento de la reforma social".

Una vez más lo fáctico y lo simbólico se confrontan, a veces se oponen, y el historiador navega por ambos para elaborar, a través del juicio crítico aplicado a las fuentes, una interpretación de la realidad pasada capaz de trascender el registro que de ella tiene la memoria colectiva, que cede ante la seducción del discurso nacionalista y popular peronista, para consensuarlo u oponerse; como resultado del ejercicio impulsado desde el Estado -identificado sobre todo después de 1950 con el partido- para sectorizar a la sociedad argentina en dos bandos irreconciliables: peronistas y antiperonistas.

2.3.- Mitos y realidades en la distribución del crédito

"Niño: En la Nueva Argentina, la moneda se acumula sólo en la medida que lo imponga la defensa nacional. El Gobierno la facilita a quien la requiera [...] El crédito tiene una función social: AYUDA A PRODUCIR NUEVO TRABAJO Y NUEVA RIQUEZA PARA EL BIEN COMÚN". Así difunde el gobierno peronista los alcances de su política monetaria y crediticia y de su planificación económica. En este caso el mensaje está destinado a los niños que en 1953 cursan el quinto o sexto grados de la escolaridad primaria, y a quienes -además- se les explica los objetivos y el significado de la planificación económica, de la organización popular, el valor del trabajo, la importancia de la previsión, de la educación, de la ciencia y la tecnología y las características del quehacer gubernativo en favor de la salud pública, la vivienda, el turismo, la acción agraria e industrial, el comercio, así como los beneficios del cooperativismo y el valor de los recursos naturales y su defensa por parte del Estado.

También en este caso -como en los anteriores- la huella que en la memoria colectiva deja el discurso y el mensaje que él encierra, resulta una de las notas de mayor persistencia en la estrategia implementada por el jefe de gobierno y líder del partido. Los receptores se convierten así en verdaderos propagadores y protagonistas de la propaganda gubernamental, que acrecienta el mito de las realizaciones dirigidas a los sectores populares y a sostener el perfil nacionalista de la gestión.

La reforma financiera de 1946 que estatiza la banca y nacionaliza los depósitos propicia un sistema crediticio al servicio de la producción; capaz de asegurar la doctrinaria "justicia social" y promover la redistribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria que produce para el mercado interno, haciendo uso -en gran medida- de materias primas nacionales. La reforma así propuesta supone reemplazos en el elenco dirigente y cambios en la estructura de poder existente.

La diferenciación de áreas productivas para la asignación del crédito en relación con las distintas entidades bancarias, marca una primera diferencia con etapas anteriores. El Banco de la Nación Argentina toma a su cargo el crédito agrario y comercial, el Banco de Crédito Industrial Argentino -creado en 1943- se ocupa del préstamo dirigido a la industria, el Banco Hipotecario Nacional a financiar con garantía hipotecaria las transacciones urbano-rurales y la Caja Nacional de Ahorro Postal encauza el revalorizado ahorro público.

En esa tónica económico-financiera, hasta 1949 el I.A.P.I. (entidad autárquica que monopoliza el comercio exterior argentino) puede derivar las ganancias obtenidas de una coyuntura de precios internacionales cerealeros altos y precios mínimos abonados por el Instituto al productor, en favor del crédito industrial. El intervencionismo directo del Estado se hace sentir y los resultados económicos del I.A.P.I. siguen los vaivenes de la economía nacional, que en 1950 pone en práctica el cambio de rumbo y decide la "vuelta al campo". Entonces el Instituto se convierte en subsidiario de la producción agraria. A sus utilidades de 560,9 millones de m$n obtenidas en 1948, le suceden las pérdidas por 540,5 millones de m$n, durante la emergencia económica de 1952 y nunca se recuperaría hasta su liquidación, dispuesta por decreto ley 2539 de 1955.

El crédito distribuído por el Estado nacional a través del sistema bancario nacionalizado, acompaña tanto la etapa de crecimiento y reconversión industrial de la economía argentina, como su reorientación en favor del agro a partir de los años ’50; cuando una política, más liberal le otorga un perfil diferente, más tradicional, vinculándola al agro, a la inversión externa y a la reorientación crediticia en un marco de inflación creciente y racionalización. Sólo en ese momento el Presidente Juan Perón admite "que el sentido de nuestra independencia económica no es aislacionista" y hace una propuesta para que puedan "venir a nuestro país todas las empresas extranjeras que deseen y puedan trabajar libremente y tal vez con mayor libertad que en cualquier parte del mundo".

Por entonces sólo se escuchan los ecos de las palabras que pronunciara Perón ante la Asamblea Legislativa el 1° de mayo de 1948, cuando anuncia que "la revolución económica que para ser completa incluye la reforma social, es el signo de nuestra hora", y destaca el valor funcional asignado al crédito en favor de la industria radicada de manera equitativa en las diversas regiones del país, como expresión de lo que Perón denomina el "auténtico federalismo".

Vista la situación a la luz de los números, la cuestión se torna más compleja. En el quinquenio 1943-47 el número de establecimientos efectivamente crece de 65.803 a 101.884, cuando el discurso oficial registra "el índice más destacado de la evolución de la potencialidad industrial del país". No obstante, y a pesar de la prédica oficial, esos establecimeintos afirman su tendencia de concentración en la Capital Federal (27%), Buenos Aires (28%), Santa Fé (13%) y Córdoba (10%); es decir, en la zona tradicionalmente más desarrollada del país, como respuesta al creciente consumo interno de las zonas urbanas.

La distribución del crédito acompaña esa concentración. El Banco de Crédito Industrial Argentino, que durante la primera década de existencia beneficia a 43.800 empresas con préstamos por m$n 19.039,1 millones, concentra sus operaciones en beneficio de las empresas que se radican en la región pampeana. En 1945 estos créditos representan el 79,8% de su cartera total; en 1948 ascienden al 88,9% y durante el proceso de cambio de rumbo económico desciende pero tan solo al 83,6% durante 1952 y al 79,2% en 1955. El censo industrial de 1954 refleja la concentración fabril geográfica y por ramas. La ciudad de Buenos Aires aporta entonces el 64% de la producción industrial argentina, superando el 58% que registraba dos décadas antes. Los datos censales no coinciden con la información del discurso oficial que señala que "el 75% de las inversiones del Plan Quinquenal se efectuó en el interior de la República y el 25% en el Gran Buenos Aires". Alrededor de un 50% del producido lo aportan los establecimientos fundados antes de 1930. Las grandes empresas y sociedades anónimas contribuyen con algo más del 40% de la producción total allí radicada. Los rubros textil, metalúrgico, de la construcción, de la alimentación, del transporte y, en general, de los que se asocian a la expansión del mercado interno y la urbanización, como las papeleras, las cristalerías, usinas eléctricas, cementeras y químicas, son los mayores dinamizadores de la economía de los años 1930 y 1940. La confrontación entre discurso y estadística advierte que el gobierno peronista impulsa cambios pero propicia continuidades.

En 1947 el Banco de Crédito Industrial que aporta el 19% del total de préstamos bancarios del país, registra un 36,7% de la totalidad de sus operaciones destinada a pequeños préstamos de hasta m$n 5.000, en tanto un 33,2% es absorbido por 37 operaciones superiores al millón de pesos. En 1952 del conjunto de préstamos de fomento industrial un 34,1% se otorgan a Sociedades Anónimas, un 30,7% a las Sociedades de Responsabilidad Limitada y 11,4% a las por entonces promovidas entidades cooperativas, que en 1945 se benefician con créditos de este Banco por m$n 183.000 y un quinquenio después reciben m$n 12.768.000 por ese concepto.

El crédito genuino al pequeño empresario y a las industrias de crecimiento reciente en una época de bonanza para la economía argentina -con un agro que ve decrecer su importancia- es la imagen de estos años que ha persistido en la memoria de los argentinos. Efectivamente, un análisis de los créditos acordados, indica una preferente ayuda financiera al sector textil y al metalúrgico, especialmente hasta 1950; pero sin que el crédito a los grandes y medianos productores agrarios y a las importantes empresas exportadoras de cereales (Dreyfus, Bunge y Born, La Plata Cereal Co., etc.) se viera interrrumpido.

El ramo textil recepciona un 25% promedio de los montos prestados entre 1948 y 1955 por el Banco Industrial. Entre las 63 hilanderías de algodón beneficiadas con este crédito en 1952, hay pequeños talleres, pero también grandes fábricas como Alpargatas S.A., instalada en Buenos Aires en 1884 y que en virtud de su "sólida situación patrimonial y reconocida solvencia moral" se hace acreedora a sucesivos acuerdos por 5 y 10 millones de pesos con destino al pago de jornales, aguinaldos y compra de materias primas, hasta totalizar una deuda con el Banco de m$n 19.500.000 en 1953, a la que puede agregarse la que mantiene con el Banco de la Provincia de Buenos Aires por valor similar y con el Banco de la Nación Argentina, que le asigna sucesivos créditos por 1 y 2.000.000 $. También Textil Oeste S.A. figura entre los grandes establecimientos del ramo beneficiado con sucesivos créditos del sistema bancario y que en 1953 se encuentra entre los grandes deudores del Banco Industrial, del de la Nación Argentina y del de la Provincia de Buenos Aires. Manufacturas Forti Argentina S.A., "La Bernalesa", Establecimiento Argos, Pablo Buder S.A., Textil Ituzaingo S.A., San Andrés S.A.C.I.F., entre otros, adeudan al Banco Industrial, para 1954, sumas que en promedio rondan los m$n 10.000.000.

La metalurgia y la siderurgia, dinamizadoras de la industrialización, se asocian al sector fabril militar radicado en Córdoba; en otros casos, a la producción de máquinas textiles y -a partir de 1950- agrícolas. También en este rubro, junto a los préstamos acordados a los pequeños y medianos talleres, se ofrecen otros, por montos mayores, a los grandes establecimientos como Siam Di Tella, Tamet, La Cantábrica, Gurmendi y la poderosa laminadora Acindar instalada en Rosario, que reciben préstamos del Banco Industrial y del Banco de la Nación Argentina, por sumas que oscilan entre los 5 y los 10 millones de pesos, con destino a evolución, pago de jornales y cancelación de deudas. Para 1953 las empresas mencionadas adeudan al Banco Industrial montos que rondan los m$n 20.000.000 promedio.

En 1950, el cambio de rumbo de la economía argentina con un retorno a la producción agraria, cobra fuerza. "Tan importante como la industrialización del país, es la producción agropecuaria", afirma el Presidente de la República el 1° de mayo de ese año; para añadir en favor de la "campaña de reactivación agraria" que "todo cuanto hemos hecho ha sido precisamente para asegurar un promisorio porvenir a la economía agropecuaria".

El discurso oficial da un giro sustancial y avanza con términos directos para descalificar las críticas opositoras y de los más altos sectores del agro, proponiéndose al mismo tiempo alentar la inversión agraria, reforzar la política de subsidios desplegada desde el I.A.P.I. a partir de los años ‘50 y reactivar la producción agropecuaria a través del crédito de habilitación rural (de bajo interés y largo plazo de reintegro) extendido a los más diversos sectores del campo argentino, completando el impulso tecnológico agrario promovido desde el Estado. De todos modos, un análisis cuidadoso de la composición de los préstamos acordados antes y después de 1950 indica que los grandes productores rurales, estancias, frigoríficos, exportadores de cereales y acopiadores también reciben el beneficio del crédito oficial durante la etapa de promoción industrial.

Los frigoríficos Swift y Sansinena , por ejemplo, se hacen acreedores a préstamos del Banco de la Nación Argentina a partir de 1946 por valores que oscilan entre los 4 y 5 millones m$n y 4 y 2 millones m$n, respectivamente. Desde 1950 el beneficio alcanza a Wilson y Cía, quien obtiene créditos para compra de hacienda y pago de jornales, a pesar de su deuda con el Instituto Nacional de Previsión Social; en medio de una política nacional decidida a impulsar los frigoríficos regionales del litoral y del conurbano para abastecer el mercado interno.

La C.A.P. (Corporación Argentina de Productores de Carnes) que en 1946 registra un activo de $ 77.019.783,22 y un capital liquido de $ 52.359.886,28, recibe sucesivos

créditos del Banco de la Nación Argentina y a fines de 1947 le adeuda más de $ 6.000.000. Una corriente prestataria que se mantiene en favor de sociedades anónimas agroganaderas, grandes estancias, empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria agrícola y consignatarios de hacienda y grandes empresas comercializadoras de granos, como Bunge y Born Ltda. S.A., Louis Dreyfus y Cía. Ltda. que se hacen acreedores a acuerdos por m$n 2.000.000 y m$n 4.000.000, respectivamente, entre 1946 y 1948. La tendencia se reitera en las operaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde estas firmas también obtienen los beneficios del crédito de esta entidad bancaria bonaerense.

Grandes y pequeños créditos dirigidos a la industria y al agro, antes y después del cambio de rumbo económico ocurrido en 1950, se registran a través de la estadística que, confrontada con el discurso, fija precisiones con respecto a las innovaciones pero también consigna las continuidades del nacionalismo económico puesto en práctica por el peronismo.

Después del Plan de Emergencia de 1952, el crédito bancario procura adaptarse a las directivas presidenciales y a las del Segundo Plan Quinquenal, que intentan mejorar la capacidad técnica de la industria, alentando al agro y reduciendo costos. Se insiste desde entonces en la "selección crediticia".

Una y otra vez mitos y realidades se confunden y se expresan a través de un discurso directo, reivindicatorio, que obliga al consenso, que restaca las realizaciones que el Estado peronista hiciera efectivas hasta 1949 y cuyos ecos se prolongan en el tiempo al calor de la propaganda oficial. El mensaje está dirigido al "auténtico pueblo argentino: al de nuestros hombres y mujeres humildes, al de nuestros ancianos y de nuestros niños, al de nuestros trabajadores; al heroico y esforzado pueblo de los descamisados para quienes reclamo la gloria y el honor de haber abierto en la historia de la humanidad el capítulo de esta Nueva Argentina", recuerda Perón en mayo de 1951. Ellos son los voceros y los protagonistas de la construcción de la memoria oficial, que se nutre de logros identificados en las figuras de Juan Perón y Eva Perón, pero también de sutiles omisiones que el gobierno nacional perfila y refuerza a través de un discurso nacionalista y popular, que impregna la vida cotidiana de los argentinos y la trasciende.

3.- A modo de balance

La repatriación de la deuda externa, la nacionalización de los servicios públicos, los alcances de la pendular tercera posición, la distribución del crédito en favor de los sectores bajos y medios de la sociedad, de los cuales la estadística da cuenta, son algunos de los símbolos más notorios del nacionalismo económico peronista sostenidos por un discurso directo y de gran difusión. Estos hechos que el discurso destaca dejan su huella casi indeleble en la memoria colectiva, hasta conformar una homogénea y casi mítica lectura de esta gestión gubernativa.

Esa lectura no es la única posible. A partir de algunas cuestiones que el discurso oficial omite y que la estadística o los documentos reservados o de escasa difusión registran, es factible reinterpretar los dichos y hechos de la economía peronista y hacerlo a la luz de una explicación más compleja y multicausal; los perfiles que asume entonces esa relectura presenta a la gestión gubernativa de 1946-55 como menos monolítica, más heterogénea, que reconoce profundos cambios pero que también asegura continuidades. El aumento de la deuda interna argentina, los alcances de la oportunidad financiera de la nacionalización de los servicios públicos y los argumentos de las empresas vendedoras, la instrumentación de operatorias crediticias dirigidas a financiar a las grandes empresas de los diferentes rubros industriales -muchos de ellos tradicionales- y a los grandes productores agrarios y comercializadores de cereales, así como el empleo de esos préstamos de bajo interés para pagar salarios, aguinaldo, vacaciones, deudas, etc.; la creciente concentración económica regional en beneficio del Gran Buenos Aires y el eje metropolitano, el crédito acordado por el Eximbank a la Argentina en 1950, la sanción de la ley de radicación de capitales extranjeros de 1953 y los acuerdos con la California Oil Co., quizás por asumir una connotación más liberal, se reducen a su mínima expresión en los discursos oficiales y la oposición hace caso omiso de ellos. La memoria colectiva parece no guardar registro de esos hechos, que -no obstante- también dejan su huella en la sociedad y la economía del país; resultando indicadores claros de que es el propio gobierno peronista quien después de 1950 revisa su política económica y social e introduce significativos ajustes, que se profundizan -pero que no se inauguran- con la "Revolución Libertadora" de septiembre de 1955.

Plantear estos matices de la gestión peronista a partir de la confrontación entre el discurso y los hechos, no sólo es necesario sino que resulta un ejercicio intelectual indispensable, estimulante y enriquecedor, para recorrer críticamente los laberintos del complejo pasado argentino y contribuir a matizar sus explicaciones más allá de los mitos que, con extraordinaria fuerza histórica, envuelven y -a veces- distorsionan y homogeinizan la interpretación de los hechos. Coinciliar lo fáctico y lo simbólico, distinguir -a la luz del juicio crítico- lo mítico y lo real que la memoria colectiva tiende a fusionar, confundir o parcializar, es -o debe ser- la función primordial del trabajo intelectual que lleva a cabo el historiador.